El juez dice que la Policía "está desbordada" para controlar las órdenes de protección
Las pulseras 'antimaltrato' no resultan eficaces en ciudades como Huelva ni en los pueblos.
El titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer, Francisco Ramírez Herves, afirma que las unidades tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil encargadas de controlar las medidas de protección de las mujeres víctimas del maltrato se encuentran "desbordadas y considera que "con los medios policiales existentes, no es posible realizar un control efectivo" de estas medidas.
En este caso, las cifras sirven para dibujar un mapa de la situación. De los 467 juicios rápidos por violencia en el ámbito doméstico que se han celebrado hasta el momento, las víctimas solicitaron órdenes de protección en 362 casos y la autoridad judicial dictó 273 órdenes de alejamiento, lo que supone un 75,41% de las demandadas por las mujeres.
En cuanto a la eficacia de los sistemas electrónicos de alerta, las llamadas pulseras 'antimaltrato', en ciudades del tamaño y de las características de Huelva, así como en los pueblos, se ha demostrado que "no resultan eficaces". Según el juez, estos sistemas se han diseñado para evitar situaciones de riesgo para las víctimas, de forma que avisen ante la proximidad del presunto agresor pero, en ciudades de las dimensiones de la capital onubense o en municipios pequeños, pueden activarse (y dar la alarma) con demasiada frecuencia, cuando víctima y agresor se encuentran en el mismo perímetro, lo que no significa que el maltratador tenga intención de quebrantar la orden de alejamiento que el juzgado le ha impuesto. A su juicio, estas pulseras sí resultan eficaces cuando las dos partes viven en localidades diferentes o en ciudades de mayor tamaño.
A pesar de la aparente concienciación ciudadana respecto a las situaciones de maltrato, la realidad echa parcialmente por tierra la solidaridad con las víctimas más allá del lazo blanco y de la participación en actos de condena. Según el juez, se cuentan con los dedos de la mano las veces en las que un ciudadano toma parte como denunciante directo en un caso de violencia, implicación que resulta aún más difícil en los procesos judiciales, como testigos. Desde esta perspectiva, afirma, el avance ha sido mínimo. "En la población, sigue habiendo la idea -con excepciones contadas- de que se trata de una cuestión privada, que se tiene que resolver dentro de la propia familia". Incluso dentro del núcleo familiar -añade- resulta "muy complicado" que las personas se presten como testigos en un juicio.
